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UPA - 19/06/2023
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, en su papel de organización profesional agraria mayoritaria en el sector de la agricultura y ganadería familiar, ha elaborado unas propuestas políticas que se han remitido a las principales fuerzas políticas de España.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, en su papel de organización profesional agraria mayoritaria en el sector de la agricultura y ganadería familiar, ha elaborado unas propuestas políticas que se han remitido a las principales fuerzas políticas de España.
UPA es la organización profesional más representativa del principal colectivo del campo español: el de la agricultura y la ganadería de pequeña y mediana dimensión y de carácter familiar. Esa representatividad nos hace conocedores de la realidad que viven los agricultores y ganaderos en España, de sus retos, amenazas, fortalezas y problemáticas. Retos que deben abordarse con políticas de protección y fomento de un sector primario resiliente, sostenible, rentable y competitivo.
Nuestras propuestas van orientadas a garantizar el futuro de las explotaciones familiares agrarias en su conjunto, tanto de las que tienen mayores posibilidades de adaptarse a las exigencias de competitividad con políticas de modernización adecuadas, como de las que por su estructura o localización geográfica no tienen las mismas condiciones a la hora de poder responder a esas exigencias económicas, pero sí de satisfacer las nuevas demandas que, respecto a los espacios rurales, surgen desde la sociedad.
Por ello reivindicamos que nuestro trabajo tiene valor en pro de nuestra profesión; la de agricultores y ganaderos, y desde esta premisa planteamos las siguientes propuestas con el objetivo que sean asumidas de cara a las futuras Elecciones Generales que se celebrarán el próximo 23 de julio.
En UPA entendemos como explotación familiar aquella que da empleo al titular o titulares de la explotación, pudiendo tener o no trabajadores contratados, y que está implicada y trabaja en el territorio donde está ubicada y por tanto lo gestiona de manera sostenible, invierte en él y trabaja por él. Por tanto, no se trata de una definición únicamente económica, sino que necesariamente debe atender a consideraciones sociales y territoriales; estamos, pues, ante un modelo de explotación agraria socioeconómico ligado al territorio a través de una gestión sostenible del mismo.
UPA insta a que el futuro Gobierno defienda la profesión agraria valorizando al agricultor y ganadero, no sólo como productor de alimentos sino también como promotor de riqueza, gestión y sostenibilidad del medio sobre el que se asienta. Para ello se debe:
Consideramos que el nuevo gobierno se debe sentar a hablar con los representantes de los agricultores y ganaderos y entre todos establecer un nuevo escenario de relaciones. El actual está agotado. Pensamos que es necesario apostar por definir una cartera de servicios y actuaciones propias de las organizaciones profesionales agrarias. Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Holanda, etc., son ejemplos de países que cuentan con organizaciones agrarias fuertes y con una amplia representación en las zonas agrarias y en todos los sectores, porque forman parte del sistema público-privado-representativo de apoyo a los profesionales. Es preciso igualmente intensificar y redoblar los canales de interlocución.
Durante la campaña 2023 de la PAC se han detectado diferentes aspectos que, aunque puedan parecer menores, es necesario modificar en el PEPAC de cara al año 2024. Algunas de es tas cuestiones son:
En esta legislatura se ha conseguido evolucionar la Ley de la Cadena para incluir todos los productos del anexo I del tratado de la Unión Europea, evitar la venta a pérdidas o la destrucción del valor de la cadena, se crea un registro digital de contratos alimentarios que afectan a productores primarios, se amplían las prácticas desleales, se refuerzan las sanciones y éstas serán públicas cuando sean firmes, entre otras modificaciones de la Ley del 2013.
Es el momento de consolidar la Ley y de hacer que se cumpla en todos sus extremos. Para ello es imprescindible que la AICA siga teniendo la dotación en personal y presupuesto suficiente para hacer cumplir la Ley. Por otro lado, el observatorio de la Cadena debe avanzar en el estudio de las cadenas de valor de los principales productos agroalimentarios. De tal forma que se desarrollen procedimientos que a partir de datos objetivos pueda, de forma semiautomática, actualizarse el análisis de los márgenes en cada punto de la cadena.
También es imprescindible que el Observatorio de la Cadena elabore estudios de costes de producción para los principales sectores que puedan ser tenidos en cuenta a la hora de firmar los contratos e indexar éstos a diferentes factores, entre ellos los costes medios de producción de un sector.
Por otro lado, UPA aspira a que en el sector primario se pueda establecer la negociación colectiva a la hora de negociar los contratos de los productos perecederos. El desequilibrio tan brutal a la hora de negociar entre ganaderos y agricultores y las empresas compradoras es similar al que pueden tener los trabajadores al negociar las condiciones de los contratos con las empresas. Por eso se desarrolló y se permite la negociación colectiva en los centros de trabajo. Pues bien, esa es la aspiración de UPA. Pensamos que en el marco de las interprofesionales, donde se representan los intereses de todas las partes, se podría establecer las condiciones para poder llegar a negociar las condiciones mínimas que debería recoger los contratos de compraventa.
En amplias zonas de España se están amplificando los efectos de la sequía en las dos últimas campañas agrícolas. Esta situación está provocando importantes reducciones de la producción en sectores como los cultivos extensivos y el olivar. Hasta el momento, las medidas que se han puesto en marcha por parte de las diferentes Administraciones han sido muy escasas, por lo que es totalmente necesario el diseño de un plan de apoyo integral que compense las enormes pérdidas acumuladas por la mayor parte de los sectores agrícolas y ganaderos, que han coincidido con un aumento espectacular de los costes de producción.
El sistema de seguros agrarios es en la actualidad uno de los pocos instrumentos válidos para garantizar las rentas de los agricultores. Se trata de la principal política nacional de apoyo al sector y por tanto reclamamos el mayor de los apoyos, más cuando el sector se ve afectado por los efectos adversos del cambio climático.
Es imprescindible apuntalar un sistema de seguros agrarios potente que cubra las necesidades del sector y que asegure la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas ante pérdidas originadas por eventos climáticos o zoosanitarios.
En la última legislatura se ha pasado de un apoyo al seguro agrario de 211,77 M€ a los 317,73 M€. Cifra esta última que supone un récord absoluto en cuanto a nivel de apoyo público a los seguros agrarios.
Desde UPA consideramos que el apoyo en la actual campaña supone un suelo de cara a los próximos años y se debe garantizar como mínimo este nivel de apoyo.
Por otro lado, los efectos de la sequía en la mayor parte de las producciones agrarias de nuestro país, han abierto la posibilidad de subir el apoyo medio al seguro agrario del 47,6% al 70% para unas determinadas líneas, elevando el total de gasto previsto hasta los 358,21 M€. Pues bien, esto abre una nueva línea de apoyo que UPA exige se institucionalice en este nuevo tiempo político: la de llegar al máximo del apoyo permitido por la vigente normativa comunitaria sobre ayudas estatales al sector agrario (70%) para las pólizas de los agricultores profesionales y familiares. Debe darse un diferente apoyo según tamaños de explotaciones.
La idea sería agotar el máximo de apoyo permitido por Bruselas en favor de las explotaciones profesionales y familiares y que este apoyo descienda notablemente para el resto.
Pedimos coherencia con el Plan Estratégico de la PAC donde estos principios han sido demostrados y se han consolidado. Igual que en el plan estratégico se demuestra que la economía de escala en las explotaciones permite un apoyo diferenciado y menor a partir de un tamaño de la explotación. El Plan estratégico no afecta a la PAC sino al conjunto de políticas del ministerio, incluso del Gobierno, no hay que olvidar esto. En coherencia, las subvenciones de ENESA deberían apoyar especialmente al pequeño y mediano agricultor, a la explotación familiar que es la que más necesita de la principal política del ministerio de agricultura. Se debería establecer una degresividad del apoyo público al sistema que asegure que las explotaciones familiares y profesionales reciban el apoyo que necesita y aquellas de mayor tamaño, en base a su economía de escala y mayor capacidad de negociación de los precios de las pólizas, reciban menos apoyo porcentual. Se trata, de alguna manera de aplicar el principio que inspira la ayuda redistributiva en el primer pilar de la PAC y que este ministro ha decidido, con buen criterio, poner en marcha en España.
En el sector cada vez hay una mayor entrada de capital externo que rompe con el modelo tradicional de explotación familiar. Es necesario tener presente esta situación y centrar los apoyos en la explotación familiar frente a otros modelos empresariales que buscan maximizar beneficios con poco o nulo compromiso son el medio rural, el entorno y sus valores. Se trata de otorgar un trato diferente por parte de la Administración General del Estado a realidades que son diferentes.
Proponemos que la modulación a partir de 10.000€ de subvención sea mucho más agresiva que ahora para recuperar fondos y poderlos invertir en apoyar más al resto de explotaciones. Y esto por un principio de equidad y de economía de escala.
Por otro lado, es necesario mejorar el funcionamiento del sistema general, y para ello se proponen varias medidas, como la universalización del seguro base anticatástrofes, de forma que las primas se redujesen por una mayor dispersión del riesgo, o el control actuarial sobre Agroseguro en el cálculo de las primas de las diferentes líneas, control de los gastos de prestaciones, de los recargos de seguridad y de los gastos de gestión.
Proponemos incluir una modificación en la Ley del seguro agrario de manera que la máxima que dice “lo asegurable no es indemnizable” solo se aplique cuando la línea que cubra el cultivo o el ganado objeto del siniestro tenga un nivel de implantación elevado. Pensamos que el hecho de que potencialmente todas las producciones puedan estar aseguradas no es razón suficiente para negar apoyos públicos que indemnicen el daño causado. Y ello porque puede haber líneas con un nivel de aseguramiento tan bajo que al final los bienes asegurados sean mínimos. Si se aceptara esta propuesta la Administración y el sector trabajaríamos por definir líneas de aseguramiento que contaran con ese mínimo de contratación.
La Ley del seguro agrario fue la primera Ley de la democracia aprobada en 1978. Estamos en un momento donde es preciso revitalizar el seguro con el objetivo de intentar su generalización. Es este el único camino en nuestra opinión para mantener la viabilidad del seguro. La dispersión del riesgo junto con la solidaridad entre cultivos y territorios es la vía para afrontar el mayor riesgo derivado de los efectos del cambio climático. Cuestiones como buscar sinergias entre la política de seguros y la política agraria nacional y comunitaria son básicas y en nuestro país están por desarrollar.
Nos reafirmamos en que es una de las principales políticas nacionales y en ese sentido nos oponemos con firmeza a cualquier cesión de competencias en esta materia a favor de alguna comunidad autónoma.
Mención especial merece el mundo de la energía. La energía representa un reglón muy importante en la estructura de costes de producción de las explotaciones agrarias, especialmente importante en el regadío. Nuestro sector tiene peculiaridades en cuanto al uso de la energía (muy estacional) y en cuanto a su ubicación que precisan definir un marco regulatorio específico. Así demandamos que en los consumos de regadíos se facture por la potencia realmente utilizada o que se permita desarrollar un verdadero contrato de temporada; igualmente pensamos que el balance neto energético es la solución para muchísimas explotaciones agrícolas y ganaderas.
Defendemos la devolución del IEH para el gasóleo agrícola y consideramos que es preciso mantener una fiscalidad diferenciada en el caso del gasóleo agrícola respecto al resto de combustibles. La dependencia total y en exclusiva del gasóleo del sector agrario es el argumento para rechazar cualquier incremento de fiscalidad que pudiera tener por objeto orientar hacia combustibles menos contaminantes.
Defendemos el desarrollo y potenciación de la biomasa tanto con destino eléctrico como térmico. Apoyar la instalación de infraestructuras de energías alternativas es fundamental, siempre y cuando se genere riqueza, bienestar y futuro para todos, sobre todo para los agricultores y ganaderos que están en el territorio. UPA considera que no se deber permitir que la instalación de fuentes de energía eléctrica se haga de cualquier manera y en cualquier zona.
No parece razonable que, habiendo tanta superficie en nuestro país, las Administraciones y los empresarios privados se fijen, por ejemplo, en zonas tradicionales de cultivo, en terrenos de transformación en regadíos, en pujantes tierras productivas o en terrenos muy útiles desde el punto de vista agronómico.
La generación de energía renovable puede, y debe de ser un componente más del desarrollo rural, una fuente más de rentas e ingresos para las comunidades rurales donde se desenvuelvan los nuevos proyectos. Puede suponer un potente motor de desarrollo rural, siempre y cuando se acierte con mecanismos compensatorios que permitan al medio rural participar de los beneficios de esta actividad, para lo cual hay que desarrollar un marco normativo y de relaciones entre los distintos agentes que participan en estos proyectos (empresas promotoras de los proyectos, administraciones estatal, autonómica y local, y comunidades rurales donde se instalan los parques eólicos y solares). Hay que primar la participación del rural en los beneficios de la generación de estas energías. No siendo admisible que se autoricen proyectos aplicando únicamente criterios supuestamente técnicos y económicos, que dejen al margen cuestiones sociales, como la participación de las comunidades rurales en las rentas generadas por esta actividad, o la creación de empleo rural.
Apostamos por las energías renovables, y reclamamos que el nuevo gobierno desarrolle la legislación que regule la implantación de este tipo de infraestructuras en terrenos no aprovechables para uso agrícola. Es preciso realizar una ordenación del territorio pensando en el desarrollo de renovables. Y que, para su autorización los nuevos proyectos deben de incluir medidas compensatorias para las poblaciones rurales de las zonas en las que se instalen. Hay que valorar las tierras en las que se instalen en cualquier procedimiento expropiatorio por su capacidad de generar energía y no sólo por su valor rústico, y primando en subastas y concursos de adjudicación de nueva potencia, tanto inversiones industriales generadoras de empleo local, como acuerdos voluntarios previos con los propietarios de los terrenos en un marco de negociación transparente y de seguridad jurídica.
En lo relativo a sanidad vegetal, en el marco de la propuesta de revisión del Reglamento sobre la utilización sostenible de fitosanitarios que está realizando la Comisión Europea es necesario disponer de mapas precisos de las zonas que se consideran de especial protección medioambiental y definir con los Estados Miembros las estrategias a llevar a cabo; fomentar la I+D+i orientada a la mejora de las herramientas para la defensa de los cultivo en el escenario de condiciones de cambio climático en que nos encontramos y encaminadas a obtener nuevos productos fitosanitarios que sustituyan a los eliminados por la UE.
Las políticas europeas de sanidad y bienestar animal suponen cada vez mayores exigencias para los ganaderos, hay que desarrollar los canales adecuados para que éstos vean justamente remunerado su esfuerzo e implicación. Reconocer y comunicar que el sector ganadero ha desarrollado ya importantes avances en materia de sanidad y de bienestar animal y que se tenga en cuenta a la hora de plantear nuevas normativas.
Tanto en sanidad animal como vegetal, establecer las mismas exigencias para los productos que se importen a la UE desde países terceros y que en todo momento las nuevas propuestas en estos ámbitos tengan una sólida base científica sobre las mejoras esperables, con análisis de las implicaciones socioeconómicas.
Asegurar la calidad de vida, los servicios y equipamientos públicos esenciales, la residencia y la actividad económica sostenible en las poblaciones rurales, frenando e incluso revirtiendo el despoblamiento, a través de estrategias de ordenación territorial para el desarrollo rural. Para ello, es necesario llevar a cabo las siguientes acciones:
Los jóvenes y mujeres en el medio rural necesitan de instrumentos y herramientas específicas que valoricen su función y les permitan llevar a cabo sus actividades con el suficiente respaldo legal, económico, social y fiscal para que sigan formando y construyendo el tejido social en nuestro medio rural. Es esencial el apoyo a los jóvenes para garantizar la sostenibilidad generacional de la Agricultura Familiar, no solamente a través de las ayudas a la incorporación a la actividad agraria, sino también:
Prestar especial atención a las necesidades de las mujeres en el medio rural, en especial reforzando el papel de la mujer en el sector agrícola y ganadero, y poniendo en valor el trabajo realizado por las mujeres como base del desarrollo del medio rural, a través de:
Es necesario promover planes de acción con medidas de mitigación y sobre todo de adaptación al cambio climático a través del manejo sostenible y racional de los sistemas agrarios y fortaleciendo medidas de resiliencia ante el cambio climático desde la perspectiva de la Agricultura Familiar.
Ante una de las consecuencias más visibles e impactantes del cambio climático, como es la sequía, tanto agronómica como hidrológica, se deben establecer apoyos económicos para aquellas explotaciones de carácter familiar cuya rentabilidad e incluso su viabilidad se vea mermada de manera importante a causa de esa carencia de agua o por las consecuencias de la aplicación de los planes de sequía respectivos.
Debido a las características hidrológicas de nuestro territorio, la disponibilidad de agua constituye un factor que limita su desarrollo: amenaza el estrangulamiento de actividades económicas, frena el incremento de actividades productivas y condiciona la conservación del medio ambiente. Por tanto, es necesaria una planificación hidrológica en el ámbito de todo el territorio nacional, que debe tener entre sus ejes prioritarios: la mejora de las infraestructuras existentes, la redistribución social de los recursos y el fomento del ahorro y eficiencia en el uso del agua. Lo que en definitiva supone desarrollar una gestión eficaz y socialmente justa del uso del agua. Para ello es necesario reforzar el control público del uso y de la calidad del agua, y potenciar la participación y la corresponsabilidad de los regantes.
Los regadíos constituyen de una manera generalizada una fuente de riqueza frente a los secanos tradicionales, además de suponer un incremento del valor añadido, y lo que es más importante, un factor que socialmente implica un freno al despoblamiento de nuestro medio rural.
El regadío ha sido considerado tradicionalmente como un elemento clave para el desarrollo rural. Sin agua no hay producción agraria y sin ésta es inconcebible el desarrollo rural.
Ante las políticas en agua, desde UPA resaltamos las siguientes propuestas:
Es imprescindible potenciar la modernización de regadíos desde el punto de vista social, económico y ambiental, como instrumento esencial para mantener población y empleo en el medio rural, generar actividad económica produciendo alimentos para la sociedad, y como instrumento de lucha contra el cambio climático, tanto desde la mitigación como de la adaptación, teniendo como objetivos una utilización más racional del consumo de agua y mayor eficiencia energética, sustituyendo las energías fósiles por renovables.
Impulsar la formación y la transferencia de conocimiento a los agricultores y ganaderos, así como la innovación y digitalización, especialmente a través de los Grupos Operativos, con objeto de hacer frente a los diversos retos a los que se enfrenta el medio rural y el sector agrario.
Apostar por el reconocimiento de la labor de los agricultores en favor de la biodiversidad. El mantenimiento del uso sostenible de las tierras agrarias es crucial para proteger la biodiversidad y para mantener el paisaje que conforma.
Mayor interlocución, transparencia y participación con el sector agrario. La implantación, gestión y regulación de los Espacios Naturales Protegidos (Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera…) y de la Red Natura 2000, deben tener como principales interlocutores a los representantes legítimos de los agricultores y ganaderos (es decir, a las OPAs), como propietarios y gestores de los territorios que alberga esos recursos naturales. Por tanto, es preciso mejorar los instrumentos de interlocución, dotar de una mayor transparencia a los procesos de gestión y dar cabida en los diferentes órganos consultivos y gestores (comisiones de seguimiento, patronatos, etc.) a las OPAs.
Apoyos y prioridades específicas en Espacios naturales protegidos y en Red Natura 2000. Estos espacios naturales se tienen que gestionar de tal manera que además de conservar la biodiversidad, suponga una oportunidad para la mejora de las explotaciones agrarias ubicadas en estas áreas. Por ello se deben establecer tanto en las políticas agrarias, rurales y medioambientales apoyos específicos para los agricultores y ganaderos que ejerzan una actividad sostenible en estos espacios.
Compensación a los agricultores y ganaderos por daños de la fauna silvestre protegida. Los perjuicios causados por la fauna silvestre que tenga determinados grados de protección no deben ocasionar más problemas añadidos a los agricultores y ganaderos que los sufren, por este motivo las administraciones responsables y competentes deben sufragar esos daños en su integridad y ofrecer medidas que los prevengan y mitiguen. En el caso concreto del lobo, es necesario realizar estudios de su situación (incluyendo censos actualizados e impactos sobre la ganadería extensiva), implantación de medidas preventivas que no supongan grandes cambios en la gestión tradicional del ganado ni en la calidad de vida de los ganaderos, compensar con indemnizaciones adecuadas por todos los daños producidos e incluyendo el lucro cesante, y un control de poblaciones en aquellos casos donde los daños sean importantes y con la debida garantía jurídica.
Estrategias y medidas de prevención de daños y control de poblaciones en aquellas especies animales que ocasionan grandes problemas y perjuicios económicos en las explotaciones agrícolas y ganaderas: conejos, jabalís, corzos, etc.
Apoyo a la agricultura ecológica y a la agroecología a través de un Plan Estratégico que refuerce los planes de acción existentes para la consolidación y expansión de la producción, transformación y consumo de alimentos ecológicos.
Dar prioridad a las economías y venta local, mediante acciones de planificación de mercados de productores, creando cultura de consumo de cercanía y potenciando la compra pública.
La ganadería extensiva es fundamental para la conservación de paisajes y ecosistemas, además de prevenir incendios forestales y por tanto garantizar la mitigación del cambio climático. Por ello se debe dignificar la ganadería extensiva y la trashumancia como actividad que mejora la biodiversidad, siendo necesario llevar a cabo acciones de apoyo que posibiliten una promoción del ganadero y valorización de su actividad y del papel que desempeña en la sociedad y en la mejora del medio ambiente y gestión del territorio. Por este motivo desde UPA reclamamos un Plan Estatal para la Ganadería Extensiva y una Ley de Trashumancia.
El sector de frutas y hortalizas tiene un importante peso en la producción final agraria de nuestro país, destacando además su vocación claramente exportadora pues cerca de la mitad de la producción se dedica a la exportación, pero que a la vez se encuentra sometido a una fuerte presión importadora, tanto nacional como en el marco de la UE.
Por este motivo es necesario la adopción de políticas y medidas que defiendan nuestras producciones frente a las importaciones cuando éstas supongan una competencia desleal. Deben denegarse nuevas concesiones en el sector de las frutas y hortalizas en el marco de los acuerdos bilaterales entre la UE y terceros países, al menos aquellos en los que se prevea de forma clara efectos adversos en el sector. Una vez firmado el acuerdo, deben realizarse seguimientos periódicos del impacto “real”, incluyendo aspectos económicos, sociales y medioambientales del mismo y desarrollar las modificaciones pertinentes.
En cuanto a los Acuerdos Comerciales ya en vigor, es necesario reforzar la vigilancia por su estricto cumplimiento, tanto en lo referente a contingentes como a los precios de entrada y realizar informes periódicos de evaluación de impacto, acometiendo las correcciones que se consideren oportunas.
Por otro lado, las frutas y hortalizas de España están producidas bajo las más estrictas exigencias en materia de trazabilidad, calidad y seguridad alimentarias definidas los la UE según el “modelo de producción europeo”, lo que se refleja en unos costes que restan competitividad a nuestras producciones en los mercados internacionales. Por este motivo es necesario, en aplicación del principio de reciprocidad, que se exija a los terceros países que respeten las mismas exigencias laborales, sociales y medioambientales, que cumplen los productores comunitarios.
En las últimas campañas estamos asistiendo a los efectos que el cambio climático está produciendo en los cultivos de frutas y hortalizas y situaciones como temporales, temperaturas anormales, sequías extremas, inundaciones…que afectan al desarrollo, maduración e incluso supervivencia de las producciones hortofrutícolas. En este contexto, es necesario fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación orientados a la mejora de la calidad y herramientas de cultivo que permitan mitigar los efectos del cambio climático que ya estamos padeciendo.
La política de sanidad vegetal de la UE se encuentra encaminada al uso sostenible de los productos fitosanitarios con una fuerte apuesta por la reducción de materias activas disponibles para los agricultores. En este aspecto, tenemos que defender la necesidad de disponer de suficientes y adecuadas herramientas para el tratamiento de las plagas y enfermedades y para ello se debe impulsar el desarrollo de investigaciones encaminadas a obtener nuevos productos fitosanitarios que sustituyan a los eliminados por la UE que permitan mantener una producción medioambientalmente sostenible (cada vez más demandada por la sociedad). No podemos dejar a los agricultores sin las herramientas necesarias para proteger la sanidad y rendimiento de sus cultivos o para hacer frente a las nuevas plagas y enfermedades que emergen vinculadas a las consecuencias del cambio climático.
En línea con este último punto de la reducción de materias activas, consideramos que es necesario trabajar de forma activa y en coordinación con el resto de países europeos de la cuenca mediterránea para que la normativa relacionada con la sanidad vegetal (reglamento usos sostenible de fitosanitarios), tenga en cuenta las necesidades y particularidades de nuestras condiciones agroclimáticas. Los objetivos de reducción, la limitación del uso de productos fitosanitarios disponibles y la regulación en las zonas sensibles debe hacerse con criterios estrictamente científicos y está política debe ser coherente con los tratamientos que reciben los productos que proceden de países terceros y debe asegurar la producción de alimentos en la UE (sostenible, pero también rentables).
En relación a la disponibilidad de materias activas un aspecto importante es la necesidad de trabajar en la armonización de los LMR (Límites Máximos de Residuos) de plaguicidas a nivel comunitario para dotar al sector de una herramienta que facilitará los intercambios comerciales de frutas y hortalizas dentro de la UE al disponer todos de unos límites comunes.
Otro problema importante, que además tiene implicaciones en la salud de la población, son las cifras de descenso del consumo, por lo que se estima necesario impulsar campañas de promoción y publicidad de los productos hortofrutícolas.
Por último, el sector productor en general y el hortofrutícola en particular, presentan importantes incumplimientos en la aplicación de la Ley de la Cadena, por lo que consideramos que es necesario intensificar los controles de oficio de la AICA para asegurar su cumplimiento y desarrollar medidas eficaces para que se garantice que no se producen ventas por debajo de los costes de producción.
El sector vitivinícola tiene un presente consolidado y un gran futuro por la calidad de sus productos, por la visibilidad de su geografía (fomento del enoturismo) y por la gran variedad y representatividad en todo su territorio del viñedo e industria que acompaña, remarcando sus funciones económicas, sociales, culturales, territoriales y medioambientales. Pero para lograr ese futuro es imprescindible que los viticultores, base elemental de todo el sector, tengan una rentabilidad que les permita continuar con su actividad y gestión del territorio, y que sus descendientes visibilicen y sientan a este sector como garantía de futuro para poder continuar con las explotaciones de sus progenitores. A continuación, se plantean las principales propuestas desde UPA para este sector.
Precios justos y relación contractual. El mayor problema por el que pasan los viticultores, independientemente de la zona o denominación de origen, es la falta de unos precios justos que cubran al menos los costes de producción que tienen, y el cumplimiento en general de la Ley de la cadena alimentaria. Es necesario unas relaciones contractuales (a ser posible plurianuales) en las que se tenga un proceso de negociación previo a la elaboración de los contratos, que estos sean acordes a lo que dice la Ley, que en ellos se fijen unos precios en relación a determinadas características, pero siempre teniendo en cuenta que el precio final debe cubrir los costes efectivos de producción. Que no se entregue ninguna uva a las bodegas sin tener previamente un contrato con un precio fijado.
Autorizaciones de plantación. UPA sigue defendiendo una postura en contra de la liberalización de plantaciones ya que afectaría muy negativamente a la viticultura familiar. UPA defiende que las Denominaciones de origen a través de sus Consejos Reguladores puedan reclamar sus propios porcentajes de nuevas plantaciones en caso de que lo vean necesario, o rechazar si lo consideran razonable el poder optar a nuevas autorizaciones de plantación de viñedo.
Fortalecimiento de la calidad diferenciada a través de las Denominaciones de Origen. UPA hace una decidida apuesta por reforzar la calidad de nuestros vinos y especialmente por fortalecer las Denominaciones de Origen, valorizando el papel de los Consejos Reguladores. El refuerzo de los controles y su garantía y transparencia deben ser vitales para fortalecer la confianza en el sistema y en los consumidores, luchando contra cualquier atisbo de fraude.
Adaptación al cambio climático. Dado que el sector vitivinícola es de los más afectados a las consecuencias del cambio climático, desde UPA reclamamos que se considere su efecto sumidero (al ser una planta leñosa) y por tanto de secuestro de carbono, en las diferentes políticas, incentivando esa función que ejercen las viñas. Por otro lado, es vital favorecer mediante políticas de apoyo, formación y asesoramiento, aquellas prácticas agronómicas que tengan por objeto la adaptación a los efectos del cambio climático (gestión del suelo, uso de fertilizantes orgánicos y de síntesis, utilización de fitosanitarios, gestión del agua, prácticas de poda, etc) y tenerlas en cuenta en el Plan Nacional de Adaptación al cambio climático y a sus programas de trabajo.
Innovación y digitalización. Es necesario una fuerte apuesta por la innovación en técnicas y gestión en el sector vitivinícola, empezando por el propio viñedo, incorporando las técnicas más avanzadas, e introduciendo la digitalización en la gestión diaria de nuestros viñedos, pero siempre teniendo en cuenta que esos avances estén adaptados a la viticultura de carácter familiar.
Lucha contra las políticas antialcohólicas. El sector del vino está amenazado por la presión cada vez más fuerte de gobiernos del norte y centro europeos así como de colectivos antialcohólicos. En este contexto no se debe permitir iniciativas como por ejemplo la del etiquetado de vinos en Irlanda que rompe con las normas de mercado único europeo. Desde UPA y el conjunto del sector español se defiende que un consumo moderado y racional del vino y dentro de una dieta saludable, como es la mediterránea.
Intervención sectorial vitivinícola (ISV) en el PEPAC. Consideramos que las empresas sancionadas por incumplimiento grave o muy grave de la Ley de la cadena alimentaria no deberían poder optar a las ayudas de promoción en países terceros ni a las inversiones en bodegas.
Rechazamos asignación presupuestaria de 60 millones de euros al año a partir de 2024 para esta intervención, lo cual supone una gran reducción frente a los 69,7 millones previstos para 2022 y 2023, por lo cual reclamamos que la ficha financiera se mantenga en esa cifra para el período 2024 a 2027 ya que está demostrado la necesidad y demanda de esta medida por parte de los viticultores
Consideramos la necesidad de incluir una medida de inversiones en explotaciones vitivinícolas dentro de la Intervención Sectorial del Vino (ISV), ya que implicaría una especial oportunidad y ser de gran utilidad tanto para el objetivo de incrementar su competitividad y rentabilidad, como para mejorar su sostenibilidad, tanto desde el punto de vista económico, social y ambiental.
El sector ganadero de leche a lo largo de los últimos años ha asistido a un incremento importante de los costes de producción de las explotaciones (forrajes, energía, requerimientos ambientales, sanitarios, de bienestar animal, etc…), situación agravada por el conflicto en Ucrania y que está expuesto a los cada vez fenómenos vinculados al cambio climático: sequías, inundaciones, granizos, que afectan a las producciones vegetales de las que se alimentan, al precio de los piensos, etc…
La cadena de valor del sector lácteo se encuentra muy tensionada, con dificultades para los ganaderos para poder obtener la adecuada rentabilidad para sus granjas debido a desequilibrio en el poder negociador existente entre los eslabones de la cadena y las dificultades para hacer cumplir la Ley de la Cadena. Es necesario incrementar los controles de oficio a través de la AICA (dotándola de los medios necesarios para ello) y garantizar una negociación equilibrada entre compradores y vendedores de leche en relación a todos y cada uno de los términos de los contratos lácteos.
Consideramos prioritario frenar la continua caída de explotaciones a las que el sector lleva enfrentándose año tras año y que está contribuyendo con ello a un despoblamiento de las zonas rurales que no podemos permitirnos. Es preciso que el Gobierno en su conjunto considere el sector lácteo como un sector estratégico por sus enormes contribuciones a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo rural de amplias zonas de montaña y desfavorecidas dentro del territorio peninsular sin apenas alternativas, así mismo su contribución al empleo agrario y que apueste por el desarrollo medidas que favorezcan el tan necesario relevo generacional del sector.
Las políticas europeas de sanidad y bienestar animal, suponen cada vez mayores exigencias para los ganaderos, sin embargo, no se desarrollan los canales adecuados para que éstos vean justamente remunerados los cada vez mayores esfuerzos que se les exigen. A su vez, dado el esfuerzo que realizan nuestros productores, es prioritario y de justicia exigir a las producciones importadas de países terceros estándares de trazabilidad y sanidad animal idénticos, o al menos equivalentes, a los que se exigen en las producciones europeas y que el consumidor pueda identificar el origen de forma inequívoca. Si el mercado no remunera adecuadamente los esfuerzos que realizan los productores, es necesario desarrollar vías que permitan articular medidas de apoyo que lo remuneren y se debe exigir a Europa un mayor apoyo financiero para ello.
El sector lácteo ha desarrollado ya importantes avances en materia medioambiental y de bienestar animal y muchas veces a la hora de plantear nuevas normativas y exigencias se olvida el camino ya recorrido. En todo momento hay que exigir que cualquier nueva exigencia esté basada en sólidos fundamentos científicos.
Por último, nos parece especialmente preocupante la inclusión del sector lácteo bajo el paraguas de la normativa de emisiones industriales, consideramos que no es este el contexto en el que tratar a este sector productivo.
El sector de vacuno español sigue siendo el segundo sector de producción de carne en importancia en nuestro país, por detrás del porcino. Dentro del conjunto de las producciones agrarias de España, el sector vacuno de carne ha representado en 2021 el 5,7% del valor económico generado como Producción Final Agraria y el 15,3% de la Producción Final Ganadera. En total, la producción animal alcanzó su valor récord de 25.495 millones de euros (+24,5%) debido a un incremento de sus precios y al buen comportamiento de la cantidad producida que se ha mantenido estable respecto al año anterior.
El valor de la producción de bovino ha aumentado y se sitúa en aproximadamente 3.167 millones de euros.
El censo bovino total de España es de alrededor de 6,5 millones de cabezas, distribuidas en aproximadamente 140.000 explotaciones. En ellas se incluyen las diferentes producciones, incluyendo las aproximadamente 700.000 toneladas de carne de vacuno. En Europa, España aportaría alrededor del 8% del censo bovino y el 10,6% de la carne de vacuno producida.
Nos encontramos con dos segmentos diferenciados: el subsector dedicado a la cría de vaca nodriza y el subsector dedicado al engorde de terneros, ambos complementarios, pero con modelos de producción y localizaciones claramente diferenciadas entre sí. En conjunto generan un valor económico anual que supone alrededor del 15% de la producción final ganadera de España.
También se ha visto que en los últimos años que se tiende a aumentar la producción ecológica junto con las producciones que se encuentran amparadas por denominaciones de calidad, y esto está siendo reflejo de lo que se ha venido evidenciando en el resto de la UE.
El número total de explotaciones en este sector asciende a 88.358 según los datos del Sitran del 2021.
El número de cebaderos a fecha 1 de enero de 2022 es de 17.469, con un censo de 1.408.862 cabezas. El número de cebaderos dados de alta en los registros se ha venido reduciendo, aunque la proporción de ellos que verdaderamente se encuentran en activo evoluciona al alza.
En los últimos años, y siendo más acusado tras la pandemia, el consumo de carne ha ido manifestando una tendencia a la caída del consumo sobre todo en los hogares, aunque se ha mantenido bastante ligado al ámbito de fuera del hogar, con una clara dependencia de los canales de consumo. Mantiene una estacionalidad clásica, descendiendo en meses estivales y recuperándose en meses de invierno.
En ese consumo extra-doméstico de carne de vacuno, en 2021 se consumieron 43,77 millones de kg (+19,6% vs 2020), manteniéndose como el segundo tipo de carne en este ámbito tras la carne de pollo. En cuanto al consumo en hogares, en 2021 se alcanzaron 219.762 toneladas (-11,2% vs 2020) En cuanto al consumo en hogares, en 2021 se alcanzaron 219.762 toneladas (-11,2% vs 2020).
Existen diversos factores que condicionan esta retracción en el consumo, como la variación de los hábitos, circunstancias sociológicas y demográficas y la competencia con la carne de otras especies ganaderas, con precios más bajos en el mercado.
El comercio de carne y la salida de animales vivos son elementos que ayudan a la estabilidad del sector y al mantenimiento de los precios del vacuno de carne en el actual contexto de disminución del consumo interno.
Las continuas amenazas sanitarias tales como Lengua azul o enfermedades objeto de las campañas de saneamiento (brucelosis, tuberculosis bovinas, lengua azul), generan nuevas dificultades y costes que desincentivan la producción.
La interprofesional del vacuno de carne está trabajando muy centrada en relanzar la imagen del sector y el consumo de carne de vacuno, sobre todo en aquellos perfiles en los que ésta había descendido, como es en la población joven. Concretamente, está trabajando una estrategia de comunicación dirigida al segmento más joven, potenciales consumidores entre 16 y 29 años, poniendo en ellos el foco para promocionar en ellos el consumo de carne.
Nuestro colectivo está constituido fundamentalmente por explotaciones familiares, asentadas en general en zonas de montaña y desfavorecidas y que desempeñan una función primordial de gestores del territorio sobre el cual se asientan. Estas explotaciones producen alimentos de calidad y realizan una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Nos encontramos en un momento de cambios legislativos que afectan al sector y desde UPA estamos participando en todos ellos para garantizar que se adaptan a nuestras necesidades. De aquí destaca el RD de Ordenación del vacuno, tanto de leche como de carne, que se encuentra en pleno proceso de adaptación tras su publicación; desde UPA seguimos muy activamente el proceso de modo que no se obstaculice el trabajo de las granjas familiares y no se vea comprometida tanto su continuidad como la incorporación de los jóvenes al sector.
El sector está siendo objeto de fuertes ataques por el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la fermentación entérica.
Debido a la subida de los costes de producción, destacando los precios de los forrajes y de los insumos, los márgenes se han reducido al mínimo, viéndose los ganaderos obligados en muchos casos a vender por debajo de sus costes de producción. Esto ha llevado al cierre de muchas explotaciones ganaderas por falta de poder mantenerlas. Desde UPA pedimos que haya una línea de ayudas para lograr que las explotaciones tengan un beneficio mínimo que las haga rentables.
Articular un plan para evitar el desabastecimiento de las materias primas (cereales, oleaginosas principalmente, suministrado por Ucrania) y frenar la escalada de precios de los piensos. Igualmente, ayudas para la compra de piensos y forrajes
Aplicación de la Ley de la Cadena con carácter urgente, dada la situación actual que lleva a que los ganaderos no puedan transmitir a lo largo de la cadena el incremento de los costes de producción, a pesar de disponer de una ley que establece como requisito en la contratación el que en cada eslabón se cubran al menos dichos costes.
Hay que buscar y encontrar soluciones para rentabilizar y poner en valor al sector, atendiendo a las necesidades reales del sector en general y del vacuno de carne en particular
Unificar las consideraciones medioambientales, de sanidad y bienestar animal en las políticas referentes al vacuno de carne con las políticas de trazabilidad y etiquetado para ofrecer garantías a los consumidores. Ahora bien, ello debe ser referido tanto a los animales de la explotación como a los inputs utilizados. La calidad y la seguridad alimentaria son valores que permiten diferenciar y valorar el tipo de ganadería más vinculada a nuestros pueblos.
Control estricto del canal comercial, de modo que en todo momento se sepa la calidad, el precio y el margen de cada escalón de modo que los ganaderos obtengan unos precios justos para sus producciones y se eviten las situaciones actuales de abuso de posición dominante y falta de control de la producción.
Nos encontramos en un momento de cambios legislativos que afectan al sector y desde UPA estamos participando en todos ellos para garantizar que se adaptan a nuestras necesidades. De aquí destaca el RD de Ordenación del vacuno, tanto de leche como de carne, que se encuentra en pleno proceso de adaptación para su publicación; desde UPA seguimos muy activamente el proceso de modo que no se obstaculice el trabajo de las granjas familiares y no se vea comprometida tanto su continuidad como la incorporación de los jóvenes al sector.
El sector ovino y caprino de carne, debe hacer frente a grandes retos para garantizar su subsistencia. Por ejemplo, es clave abordar el hecho del descenso en el consumo de carne. En este sentido, nuestra organización, participa activamente en las campañas de consumo que lleva a cabo el sector.
Se trata de una ganadería indispensable para mantener ecosistemas de enorme valor ecológico y ambiental, como pueden ser las dehesas y los pastos de montaña, es imprescindible para aprovechar zonas de las que poco provecho podría sacarse, como rastrojos, barbechos, erial a pastos, etc.
Por otra parte, es indudable que la gestión de este tipo de ganado aporta gran cantidad de materia orgánica al suelo, a la vez que contribuye a la mitigación del cambio climático, pues a través del ramoneo, controlan la proliferación arbustiva y en consecuencia la prevención de incendios.
UPA reivindica el cumplimiento estricto de la normativa de etiquetado y la trazabilidad de la materia prima. De esta forma se estará poniendo en valor la calidad de la carne de cordero y cabrito.
Es imprescindible fomentar el consumo de carne de cordero y cabrito, el cual es clave para mantener la rentabilidad de los ganaderos, además de frenar el despoblamiento y fomentar la sostenibilidad del mundo rural. Para ello, se llevan a cabo campañas de consumo a través de la Interprofesional en las que UPA participa activamente.
Consideramos imprescindible aumentar la exportación y la apertura de nuevos mercados. Nuestra Organización trabaja en la Interprofesional, en grupos de trabajo examinando y proponiendo nuevos mercados con otras fronteras.
Es importante desestacionalizar el consumo de esta carne, como la producción de la misma. En cuanto al consumo, se lleva a cabo en las campañas mencionadas anteriormente y para la producción sería conveniente sincronizar los partos o congelar la carne.
UPA también considera clave el fomento de la marca de calidad para establecer una estrategia de diferenciación del producto, la cual hará aumentar el público potencial consumidor de esta carne.
En relación con la PAC, es conveniente flexibilizar ciertos requisitos, como ha ocurrido en la actualidad con alguna ayuda agroambiental. Es importante tener acceso a las ayudas por la superficie que pastorean los animales, independientemente que, esa superficie sea utilizada por otro perceptor, para solicitar ayudas por el cultivo que albergue.
Apoyo al relevo generacional en el sector, mediante programas que vinculen jubilaciones a incorporaciones de jóvenes ganaderos. Es importante destacar que se trata de un sector con alto riesgo de abandono, debido a la baja rentabilidad que proporcionan, y a la elevada edad media que tienen las y los ganaderos en la actualidad (en torno a los 56 años).
Es importante que las explotaciones existentes se acojan a planes de modernización, para poder contar con una producción más competitiva, que a la vez se traduzca en rentabilidad para el ganadero.
Necesidad de continuar con un Plan de Acción Integral con diversas medidas tales como, la promoción de producciones de calidad, el fomento de razas ganaderas autóctonas y las agrupaciones de ganaderos, pero modificando las características de estas líneas dado el escaso resultado de algunas de ellas.
Compensación directa a los ganaderos afectados por ataques de lobos y aves carroñeras, que cubran los daños directos, los daños colaterales y el lucro cesante.
El sector porcino español sigue estando a la cabeza en la Unión Europea. La producción española de carne de porcino aumentó ligeramente en 2022 (1,6%), a pesar de que la tendencia general en Europa fue a la baja, aproximándose a los números de 2014.
A pesar del alza de los precios, los márgenes no son todo lo optimista que cabría esperar, debido a los altos costes de producción que soportan los ganaderos.
Desde UPA se presta especial atención a la defensa de los ganaderos, debido al incremento de los ataques que ha sufrido el sector cárnico en los últimos tiempos.
Desde UPA estamos muy atentos a la propuesta sobre bienestar animal que la Comisión Europea lanzará a finales de este año 2023.
Los ganaderos de este sector se caracterizan por llevar a cabo las prácticas más exigentes de bienestar animal y bioseguridad, en toda Europa, dando un paso adelante, promoviendo, como actores de la cadena de la carne de porcino, las certificaciones de bienestar animal. Pero, en ningún caso, puede comprometerse la rentabilidad de las explotaciones.
Es importante la protección de las pequeñas y medianas explotaciones familiares de porcino, fomentando la integración horizontal como una alternativa para estas explotaciones con problemas de viabilidad.
UPA participa activamente en los grupos de trabajo que se mantienen el marco de la Interprofesional del cerdo de capa blanca, en cuanto a la sostenibilidad e innovación del sector.
Es importante lograr un desarrollo sostenible de este sector compatible con el medio ambiente, lo cual implica una adecuada gestión de residuos ganaderos, siempre que se asegure la viabilidad económica de la explotación.
Los sistemas extensivos de producción de este tipo de ganado, están basados en el aprovechamiento de los recursos naturales del área de dehesa, hierbas y bellotas, durante la montanera. Estos sistemas engloban una producción muy tradicional, extensiva y de carácter familiar, con un alto grado de autosuficiencia y flexibilidad, donde las intervenciones sobre el medio son mínimas.
No obstante, también se está produciendo una intensificación del cerdo ibérico como respuesta al alza en la demanda de sus productos, especialmente en la cría y recría, pero también en el cebo.
Desde la aprobación de la Norma de Calidad para el porcino ibérico, el consumidor tiene la posibilidad conocer de forma clara y fiable el producto adquirido, eliminando la incertidumbre que rodeaba el proceso de compra anteriormente.
Es necesario el establecimiento de medidas que faciliten apoyos financieros para poder realizar adecuadamente todo el ciclo de producción, en la cual la montanera constituye un uso imprescindible para el mantenimiento del paisaje, sustentado principalmente por las dehesas, y de la economía de determinados territorios casi exclusivamente dedicados a la producción de porcino extensivo.
Desde UPA ponemos en valor la Norma de Calidad que se aprobó en 2014, para los productos del cerdo ibérico. Esta normativa recoge la actual realidad productiva del sector y aporta calidad y transparencia al mercado con los adecuados mecanismos de control, otorgando confianza plena a los consumidores de la calidad de los productos que adquieren. Todo ello con el objetivo primordial de favorecer los intereses de las explotaciones ganaderas familiares.
Fortalecimiento de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), de la cual forma parte UPA, ejerciendo la presidencia nuestro compañero Antonio Prieto, así como la continuidad y fomento de acciones a través de las extensiones de norma.
El sector del porcino ibérico debe ser incluido en los mecanismos de apoyo del primer pilar de la PAC.
Se precisa un apoyo por parte de las distintas Administraciones a las Denominaciones de Origen con el fin de que realmente se consolide una producción importante a través de la misma.
La apicultura en nuestro país está atravesando una de sus peores crisis en mucho tiempo. Los efectos del cambio climático (fuerte sequía, olas de calor, temperaturas extremas), el incremento en los costes de producción, la fuertes importaciones de miel (fundamentalmente de China), la escasa transparencia en el etiquetado de la miel (sin la indicación del porcentaje de miel procedente de cada país en el caso de mezclas de mieles), las acciones de la distribución comercial en detrimento de la miel española, los problemas sanitarios sobre todo a causa de la varroa, la incidencia de los abejarucos y las especies invasoras de Vespa, son entre otras muchas las causas que están provocado una gran pérdida en la rentabilidad de las explotaciones apícolas, y que ponen en cuestión su viabilidad. En este contexto, desde UPA reclamamos a los diferentes partidos políticos ante las próximas elecciones generales las siguientes propuestas para el sector apícola:
Establecer urgentemente un Plan de apoyo excepcional para el sector apícola en el que se contemple una ayuda directa a los apicultores
Actuar institucionalmente para revertir la estrategia de destierro de la miel española de los lineales por parte de las envasadoras y la distribución, de modo que la miel nacional esté presente en los lineales de la gran distribución de forma destacada y a precios que garanticen la viabilidad del eslabón productor.
Promover un cambio en la normativa para que sea obligatorio indicar los porcentajes de cada uno de los países de procedencia en las mezclas de mieles. La única vía para hacerlo es modificar la Directiva europea de miel y el Código Aduanero de la Unión, por ello, la Presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023 es una excelente oportunidad, que exigimos que no se pierda, para promover este cambio.
Evaluar los efectos de la aplicación de la actual normativa de etiquetado de origen de la miel (Norma de Calidad, Directiva y Código Aduanero), con objeto de garantizar que no se está haciendo un uso fraudulento y/o desleal de la normativa.
Implantar una estrategia institucional de información y promoción de la miel española.
Describir y desarrollar un plan de acción contra Varroa en estrecha colaboración con el sector.
Enfatizar el papel ambiental y polinizador de la apicultura en la implementación de la PAC en España, mediante la inclusión de medidas y líneas en los que la apicultura esté presente, tanto en los ecorregímenes como en desarrollo rural.
Plan de acción efectivo ante los daños causados por los abejarucos y las diferentes especies de Vespa en la apicultura.
El sector cunícola se enfrenta al importante problema del estancamiento del consumo de carne de conejo que se viene observando en los últimos tiempos y la estacionalidad que caracteriza dicho consumo. Por otro lado, tampoco es ajeno al incremento de las demandas en temas de bienestar animal y sostenibilidad medioambiental que experimentan en general los sectores ganaderos.
Otro importante condicionante es la necesidad de disponer de medicamentos adaptados a esta especie, siendo necesario potenciar e incentivar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos para especies menores y adaptados específicamente a la especie cunícola; de otra forma, no podrán hacer frente a las cada vez mayores exigencias sanitarias que vienen dictadas desde la UE. En este punto, el sector necesita contar con o el apoyo de las Administraciones, tanto económico como de medios materiales, humanos y jurídicos.
Uno de los aspectos que más preocupa al sector es la progresiva caída del consumo de carne de conejo, por lo que de cara a la supervivencia del sector es necesario aportar por la promoción e incentivación a su consumo y romper la estacionalidad que tradicionalmente lo ha caracterizado.
Las revisiones de las normativas europeas de sanidad y bienestar animal afectan, como no puede ser de otra forma, al sector cunícola. Consideramos que se trata de aspectos muy importantes que van a definir la rentabilidad futura de las explotaciones y que se debe trabajar tanto en Bruselas como a nivel nacional por el que en todos los aspectos y reglamentaciones sobre bienestar animal se afronten sobre bases y estudios científicos rigurosos.
Las normativas de bienestar animal, la iniciativa popular “el fin de las jaulas” pueden suponer para los cunicultores el tener que realizar profundas modificaciones en sus instalaciones y manejo de la producción. Por este motivo, si queremos garantizar la continuidad del sector es prioritario establecer líneas de ayuda y apoyo administrativo a planes de mejora de infraestructuras para explotaciones cunícolas para que puedan estar en disposición de afrontar las medidas necesarias para la reconversión y adaptación de sus explotaciones a las nuevas situaciones de mercado, de producción y demandas de la sociedad para poder volver a una situación competitiva.
Por último, y en línea con la mayoría de los sectores agrícolas y ganaderos, los productores de carne de conejo son el eslabón más tensionado de la cadena con dificultades para poder transmitir a lo largo de la misma sus incrementos de costes. Es necesario impulsar el estricto cumplimiento de la Ley de la Cadena.
Es fundamental poner en marcha un plan de apoyo especial al sector, por lo grave situación que atraviesa. Este plan tiene que contar en primer lugar con un programa específico de controles por parte de la AICA. Además, es necesario poner en marcha una mesa sectorial por parte del Ministerio para avanzar en una Ley de Integración.
Etiquetas: política, elecciones, partidos políticos, agricultura, ganadería, medio rural, propuestas, 23J, Elecciones Generales
