Una herramienta para lograr precios justos para nuestros productos
El Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, es una conquista histórica de los agricultores y ganaderos españoles. Su objetivo es devolver a la cadena alimentaria el equilibrio perdido tras muhchos años de malas prácticas.
UPA está realizando una serie de actuaciones para conseguir que la nueva ley se cumpla no solo de manera formal, sino también efectiva, y que la formación de precios en los diferentes sectores no se haga de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba, logrando que los agricultores cobren precios justos por sus productos.
UPA ha creado un Observatorio Continuo de Información y Control (OCIC) que vigilará todas y cada una de las operaciones de productos agroalimentarios para, en su caso, poner ante la autoridad competente la denuncia correspondiente. Entre 2014 y 2019, la AICA ha impuesto casi 2.000 sanciones, por un importe aproximado en multas de 11 millones de euros. En muchos de estos casos, las denuncias provenían de las realizadas por UPA.
Con las modificaciones aprobadas en el mes de febrero, la mayor parte de estas sanciones ya se calificarían como graves y por tanto las cuantías hubieran sido mucho mayores. Además, gracias a un logro histórico de nuestra organización, a partir de ahora se conocerá el nombre de los sancionados, por lo que toda la sociedad podrá conocer la identidad de estos infractores.
Esta ley puede marcar un antes y un después en el derecho agroalimentario de toda Europa, porque los agricultores y los ganaderos han luchado mucho para tener una herramienta de este tipo y no se puede permitir que otros intereses eviten el cumplimiento estricto y firme de la ley.
UPA está trabajando con los grupos parlamentarios para blindar las últimas modificaciones de la Ley de la Cadena durante su trámite en el Congreso de los Diputados. La crisis de la Covid-19 ha puesto encima de la mesa –aún más si cabe– la necesidad de tener un sector productor que responda a las necesidades de la sociedad y que obtenga unos precios justos por sus productos. Y la Ley de la Cadena es un instrumento imprescindible para conseguirlo.
La nueva Ley de la Cadena Alimentaria cambia completamente el proceso de formación de precios de los alimentos. En los últimos años, el precio se ha fijado de arriba hacia abajo, por lo que a los agricultores y ganaderos nos han quedado las migajas que los intermediarios nos dejaban. SE ACABÓ. La nueva Ley obliga a que el precio se forme de abajo hacia arriba, que es la única forma lógica y justa.
La nueva Ley obliga a que en las operaciones de compraventa se tengan en cuenta los costes de cada eslabón. Ese coste se analizará para cada operador, por lo que tanto los agricultores como las cooperativas deberán analizar y ser conocedores de sus costes.
No. La Ley no determina precios mínimos. El Ministerio de Agricultura publicará índices orientativos de precios para distintos productos, pero en el caso de una denuncia, lo que los inspectores analizarán serán los costes de cada operador y de cada eslabón.
La nueva Ley aporta seguridad jurídica en las operaciones de compraventa. El responsable de pagar un precio justo será siempre el comprador. Esto se ha hecho así para proteger al eslabón más débil: el agricultor o ganadero. Todas las operaciones deberán hacerse con un contrato por escrito en el que figure el precio y el plazo de pago, que viene determinado además por la Ley: 30 días para frescos y 60 para no perecederos.
Toda Ley que pretende cambiar un comportamiento adquirido debe contemplar sanciones para los que incumplan. Esta nueva Ley endurece notablemente las sanciones y, muy importante, permite hacer públicos los nombres de las personas y empresas sancionadas. Algo muy relevante en términos de imagen y reputación que hará que muchos se lo piensen antes de seguir abusando.
Además, se eleva a sanción grave la no formalización por escrito de los contratos alimentarios, así como no incorporar el precio como cláusula en el mismo y su referencia a los costes de producción. También se tipifican como graves la destrucción de valor en la cadena y realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos.
La Ley prohíbe la destrucción de valor de un producto a lo largo de la cadena, o lo que es lo mismo, impide que ningún eslabón venda por debajo de lo que ha pagado al eslabón anterior. Salvo el comercio detallista, siempre que asuma las pérdidas. Esto no debe suponer una barrera para los agricultores que venden, sino un freno para los intermediarios que abusan.
Por mucho que algo lleve haciéndose muchos años, no significa que debamos conformarnos. Ningún agricultor o ganadero debe entregar su producto sin saber cuánto va a percibir por él. La Ley nos protege ahora.
La Ley prohíbe las promociones que induzcan a error a los consumidores, los conocidos como ‘productos reclamo’.
La Ley contempla una nueva práctica comercial abusiva: la destrucción de valor en la cadena. Cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción. Si el operador realiza la venta final del producto al consumidor en ningún caso podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados.
Es OBLIGATORIO hacer contrato en todas las transacciones comerciales de los agricultores y ganaderos, salvo:
Sin embargo, la cláusula de destrucción de valor en la cadena se aplica a todos los casos.
No es cierto. Los operadores deben asumir que las prácticas habituales de los últimos años, en las que se ha ido agravando la ruina de muchos agricultores y ganaderos a base de hundir los precios, se han acabado. Hay que tener en cuenta que el precio no es el único elemento que la cadena tiene en cuenta. No se puede mantener por más tiempo esta situación ruinosa. Para cambiar la tendencia hay que exigir que se aplique a rajatabla la ley. Con la situación anterior solo ganan unos pocos agentes de la cadena que toman su parte del pastel, incluidas las cooperativas, y pierden la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos.
No deja de ser sorprendente que lo que nos sitúe fuera de mercado sea que el productor reciba por lo menos lo que le cuesta producir, es ahí donde se activan las alarmas. Por favor... Esto es inadmisible. Igual que sólo se puede entender que una cooperativa agroalimentaria debe ser la primera en defender un precio justo para sus dueños, que no son otros que los agricultores y ganaderos socios de las mismas. Es difícil ver que empresas con carácter social compartan exclusivamente estrategias de competir a bajos precios, por qué eso provocará la muerte silenciosa de subsectores enteros, se tardará más o menos pero ese será el resultado final. Hay que tener en cuenta que es la obsesión por los bajos precios la que nos ha traído hasta la situación de ruina actual, cuando hay otros elementos más importantes como la variedad, la calidad, la trazabilidad, el origen, la cercanía... cuestiones que el consumidor valora cada vez más.
No debemos pensar que solo por aprobar la Ley se acabarán los abusos en la cadena agroalimentaria. Muchos llevan demasiados años abusando, y no será fácil cambiar estos comportamientos. Lo mejor que todos y cada uno podemos hacer es DENUNCIAR cada caso de abuso que conozcamos.
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